Se ofrecen cambios radicales en la Constitución, economía y educación. Combatir la corrupción, rescatar la  soberanía y  la integración latinoamericana también son sus promesas. Este fue su discurso:

Eje III REVOLUCIÓN ECONÓMICA

La política económica seguida por Ecuador desde finales de los ochenta se enmarcó fielmente en el paradigma de desarrollo dominante en América Latina, llamado "neoliberalismo", con las inconsistencias propias de la corrupción, necesidad de mantener la subordinación económica y exigencia de servir la deuda externa. Todo este recetario de políticas obedeció al llamado "Consenso de Washington", supuesto consenso en el que, para vergüenza de América Latina, ni siquiera participamos los latinoamericanos. Sin embargo, dichas "políticas" no fueron solo impuestas, sino también agenciosamente aplaudidas, sin reflexión alguna, por nuestras élites y tecnocracias.

Los resultados de estas políticas están a la vista, y después de quince años de aplicación, las consecuencias han sido desastrosas. El Ecuador apenas ha crecido en términos per cápita en los últimos tres lustros, la inequidad ha aumentado, y el desempleo se ha duplicado con relación a las cifras de inicios de los noventa, pese a la masiva emigración de compatriotas ocurrida en los últimos años.

Se llegó al absurdo de defender como "prudentes" políticas que destruyeron empleo, como aquellas aplicadas en los años 2003-2004. El dogmatismo fue tan grande, que se llamó "populismo" a cualquier cosa que no entendiera el dogmatismo neoliberal. Por el contrario, cualquier cantinflada en función del mercado y del capital, se la asumió como "técnica", en un verdadero "populismo del capital". Recordemos a manera de ejemplos, los bancos centrales autónomos y sin control democrático, el simplismo del libre comercio, las privatizaciones, la dolarización y tantas otras barbaridades.

Estas políticas han podido mantenerse sobre la base de engaños y actitudes antidemocráticas por parte de los beneficiarios de las mismas, con total respaldo de organismos multilaterales, los cuales disfrazaron de ciencia a una simple ideología, y cuyas supuestas investigaciones científicas se acercaron más a multimillonarias campañas de marketing ideológico que a trabajos académicos. Estos organismos también se convirtieron en representantes de los acreedores y en brazos ejecutores de la política exterior de determinados países, por lo que, además del fracaso económico, también se ha mermado la soberanía y representatividad del sistema democrático, siendo ésta una de las principales fuentes de ingobernabilidad en el país, incomprensible para la tecnocracia.

Felizmente, como decía el General Eloy Alfaro, la hora más oscura es la más próxima a la aurora, y el nefasto ciclo neoliberal ha sido definitivamente superado por los pueblos de nuestra América, como lo demuestran los procesos de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Nicaragua y ahora Ecuador.

De esta forma, la nueva conducción económica del Ecuador priorizará una política digna y soberana, es decir, más que liberar mercados, liberar al país de los atavismos y poderosos intereses nacionales e internacionales que lo dominan; con una clara opción preferencial por los más pobres y postergados; y priorizando al ser humano sobre el capital.

Sin embargo, Ecuador y Latinoamérica deben buscar no solo una nueva estrategia, sino también una nueva concepción de desarrollo, que no refleje únicamente percepciones, experiencias e intereses de grupos y países dominantes; que no someta sociedades, vidas y personas a la entelequia del mercado; donde el Estado, la planificación y la acción colectiva recuperen su papel esencial para el progreso; donde se preserven activos intangibles pero fundamentales como el capital social; y donde las aparentes exigencias de la economía, no sean excluyentes y, peor aún, antagónicas del desarrollo social.

Política soberana de endeudamiento y manejo de la deuda pública.
Con respecto a la deuda externa, uno de los principales desafíos del Ecuador es vencer la cultura de endeudamiento que hemos adquirido a través de los años, y que nos ha llevado a una situación de sobre endeudamiento altamente costosa para el país.

Con la nueva política de endeudamiento el país deberá utilizar tanto ahorro interno cuanto sea posible, y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable. Para ello, se redefinirá la política de endeudamiento con los organismos multilaterales y gobiernos, y los préstamos externos se usarán fundamentalmente para inversiones productivas que generen flujo de divisas para pagar los préstamos, mientras que los proyectos sociales se financiarían con recursos propios.

Sin embargo, no habrá solución integral al problema de la deuda mientras no haya reformas a la arquitectura financiera internacional, por lo que es necesaria una acción concertada de los países deudores para redefinir el criterio de sustentabilidad del servicio de la deuda, determinar la deuda externa ilegítima, así como promover la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana. Desde un punto netamente financiero, la sustentabilidad del servicio de la deuda significa todo lo que un país pueda pagar sin comprometer flujos financieros futuros, independientemente de los niveles de bienestar al que someta a su población. Un criterio de sustentabilidad adecuadamente definido debe considerar implicaciones de bienestar, como por ejemplo, el servicio de deuda que permita a los países endeudados alcanzar las Metas del Milenio.

Por otro lado, existe deuda externa ilegítima, adquirida en situaciones dudosas, que no se utilizó para los fines para los que fue contratada, o que ya ha sido pagada varias veces. Luego de definir adecuadamente el criterio de sustentabilidad y lo que es deuda ilegítima, un Tribunal Internacional, imparcial y transparente, debería decidir la deuda a pagar, la capacidad de pago y modo de pago de los países endeudados. Cabe indicar que en estos momentos, no existe dicho tercero imparcial y los países endeudados tienen que acudir al FMI, es decir, al representante de los acreedores.

Por otro lado, mientras los países latinoamericanos deben y transfieren ingentes cantidades de recursos al primer mundo, lo cual impide su desarrollo, al mismo tiempo, los países de la cuenca amazónica constituyen el pulmón del planeta, pulmón sin el cual la vida en la tierra se extinguiría. Sin embargo, por ser el aire puro un bien de libre acceso, nuestros países no reciben la justa compensación por el servicio que generan. Con dichos fondos, se podría pagar a los acreedores de los países endeudados generadores de medio ambiente, sin comprometer el desarrollo de estos últimos, dentro de una lógica no de caridad, sino de estricta justicia.

Disminuir dependencia y vulnerabilidad a través de la integración regional: El Banco del SUR.
Por otro lado, los países latinoamericanos ni siquiera necesitarían de una condonación de deuda, sino de una adecuada reestructuración y financiamiento de la misma. De hecho, en el caso de Ecuador, la transferencia neta con los organismos internacionales es negativa, es decir, en general es más lo que paga que lo que recibe de estos organismos. Es claro que no se puede hablar de ayuda para el desarrollo mientras esta situación continúe. Con la nueva política económica, Ecuador comenzará a independizarse de los organismos internacionales representantes de paradigmas e intereses extranjeros, más aún cuando los créditos multilaterales y el financiamiento en general, son las nuevas formas de subordinar a nuestros países.

Por otro lado, al mismo tiempo que los países latinoamericanos buscan financiamiento, la región tiene centenas de miles de millones de dólares en reservas invertidos en el primer mundo, lo cual constituye un verdadero absurdo. Por ello, el traer esas reservas a la región, juntarlas y administrarlas adecuadamente en un Banco del SUR, es decir, el inicio de una gran integración financiera, más que un imperativo económico, constituye un imperativo del sentido común y de soberanía. Para ello, por supuesto, deberá acabar ese sin sentido técnico de la autonomía de los bancos centrales, que, a espaldas de nuestros países, envían nuestras reservas fuera de la región.

El trabajo humano.
Como dice la encíclica Laboren Exercem de Juan Pablo II, el trabajo humano no es un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción. Sin embargo, el neoliberalismo redujo al trabajo humano a un simple instrumento más que hay que utilizar o desechar en función de las necesidades de acumulación del capital. Para esto, se generalizaron en América Latina formas de explotación laboral bastante bien disfrazadas con eufemismos como "flexibilazación laboral", "tercerización", "contratos por horas", etc. Cabe indicar que, de acuerdo a múltiples estudios, esta "flexibilización laboral" ha sido una de las reformas que menos resultados ha dado en la región, sin que exista con ella mayor crecimiento, pero sí una mayor precarización de la fuerza laboral, y con ello, mayor desigualdad y pobreza.

Pero incluso si la flexibilización hubiere dado resultado, no podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a una simple mercancía. Ya es hora de entender que el principal bien que exigen nuestras sociedades es el bien moral, y que la explotación laboral, en aras de supuestas competitividades, es sencillamente inmoral. Uno de las principales razones para la explotación laboral ha sido la falacia de la competencia. Este es un principio ya bastante cuestionado entre agentes económicos al interior de un país, pero es un verdadero absurdo entre países, donde debe primar la lógica de la cooperación, de la complementaridad, de la coordinación, del desarrollo mutuo.

Esta globalización neoliberal, inhumana y cruel, que nos quiere convertir en mercados y no en naciones, que nos quiere hacer tan solo consumidores y no ciudadanos del mundo, es muy similar en términos conceptuales al capitalismo salvaje de la Revolución Industrial, donde antes de que, por medio de la acción colectiva, las naciones lograsen en su interior leyes de protección laboral, la explotación no tuvo límites.

Ya es hora de que, en la búsqueda de una nueva forma de integración que supere la visión puramente mercantilista, nuestros países adopten una legislación laboral regional, que recupere la centralidad del trabajo humano en el proceso productivo y en la vida de nuestras sociedades, y que evite este absurdo de competir deteriorando las condiciones laborales de nuestra gente. En todo caso, en Noviembre 26 del 2006, se firmó también la partida de defunción de la explotación laboral en el Ecuador, y sobretodo de esa farsa llamada "tercerización".