Las autoridades del estado brasileño de Río de Janeiro investigarán los paquetes turísticos a las favelas cariocas de una agencia, que entre sus ofertas incluye el encuentro de los turistas con los jefes del tráfico de armas y drogas, anunció hoy una fuente oficial.

La Secretaría da Seguridad Pública de Río de Janeiro determinó que la Comisaría Especial de Atención al Turista (DEAT), de la Policía Civil, investigue los "paseos turísticos" a la favela de Rocinha, bastante comunes dentro la oferta turística de la "Ciudad Maravillosa".

La investigación se concentrará en el posible encuentro entre los turistas y los jefes del tráfico buscados por las autoridades, como denunció un reportaje del diario Folha de Sao Paulo sobre el paseo al fortín de los "narcos", que, al parecer, es ofrecido por el guía turístico Pedro Novak, de la agencia Private Tours. El comisario Daniel Mayr, director interino del DEAT, señaló que la investigación determinará si en realidad ese ofrecimiento, como apología del crimen organizado, es vendido por esa u otras agencias y el grado de peligro que pueden correr los turistas.

La visita a favelas como Rocinha, Cidade de Deus, Alemao y Mangueira, entre otras, se volvió bastante común dentro de los "city tours" que incluyen tradiciones sitios turísticos como el Cristo de Corcovado, el cerro Pao de Açucar o el estadio Maracaná.El periodista de Folha, Vinicius Queiroz Galvao, haciéndose pasar por turista extranjero, compró uno de los "paseos" por noventa reales (unos 54,2 dólares) y permaneció durante cuatro horas dentro de la favela, donde se entrevistó con el capo apodado "Soldado do tráfico", quien hasta se dejó fotografiar sin mostrar el rostro.

El tráfico de drogas y armas en Rocinha es controlado por el grupo ADA (Amigos de los Amigos), que están en enfrentamientos con el Comando Vermelho (rojo), del confeso narcotraficante Luiz Fernando da Costa "Fernandinho Beira-Mar", preso en una cárcel de máxima seguridad de Campo Grande, capital de Masto Grosso do Sul. El secretario nacional de Seguridad Pública, Ricardo Balestreri, criticó la posibilidad de que el delito sea usado como promoción turística, pues perjudica la imagen del país.